El Gobierno nacional encontró una salida financiera para intentar poner en marcha el demorado Proyecto AMBA I, pero lo hizo recurriendo a recursos que contradicen uno de los principales argumentos de su política energética: que las grandes obras de infraestructura deben ser financiadas por el sector privado.
A través de la Resolución 201/2026, la Secretaría de Energía dispuso el reordenamiento de la denominada Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, que acumula alrededor de US$110 millones provenientes de las ventas de energía eléctrica al exterior.
Esos fondos serán utilizados como anticipo financiero para el Proyecto AMBA I, una obra cuyo costo estimado alcanza los US$1.000 millones.
La decisión expone las dificultades de la gestión de Javier Milei para conseguir el financiamiento privado que había anunciado y termina colocando nuevamente recursos vinculados al Estado y al sistema energético en una obra concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
EL DISCURSO PRIVATISTA CHOCA CON LA REALIDAD
El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, había asegurado que AMBA I sería desarrollado mediante un esquema de concesión y que no requeriría aportes estatales.
Sin embargo, ante la falta de financiamiento suficiente, el Gobierno comenzó a buscar distintas alternativas para hacer viable el proyecto.
Primero apareció la posibilidad de implementar un ?estampillado previo?, mediante el cual los usuarios comenzarían a pagar parte de la obra antes de que estuviera terminada.
Luego se gestionó una garantía del BID por US$200 millones, cuyo respaldo final corresponde al Estado nacional.
Ahora, el Gobierno suma otros US$110 millones provenientes de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA.
De esta manera, la promesa de una obra financiada exclusivamente por el sector privado queda, al menos, seriamente cuestionada por las propias decisiones adoptadas por la administración nacional.
UNA OBRA ESTRATÉGICA QUE SIGUE DEMORADA
El Proyecto AMBA I es considerado estratégico para mejorar el transporte eléctrico de una región que concentra aproximadamente el 40% del consumo de electricidad del país.
La obra contempla la construcción de la nueva Estación Transformadora Plomer, la ampliación de 25 de Mayo y la adecuación de las estaciones transformadoras de Atucha, Ezeiza, General Rodríguez, Mercedes, Luján, Zapalorto y Pantanosa, además de las líneas de transmisión asociadas.
El plazo de ejecución está estimado en 48 meses, mientras que la inversión necesaria ronda los US$1.000 millones.
Pero pese a los reiterados anuncios oficiales, la licitación todavía no se concretó.
Durante los últimos meses, González y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, habían anunciado que el llamado sería inminente. Sin embargo, el proyecto continúa sin avanzar al ritmo prometido.
FONDOS DE EXPORTACIONES, DESTINADOS A BUENOS AIRES
Uno de los puntos más cuestionados de la decisión es el destino de los recursos.
La Cuenta de Exportaciones de CAMMESA había acumulado fondos destinados a obras de infraestructura de transporte eléctrico. Tras modificar las asignaciones anteriores, el Gobierno liberó una caja cercana a los US$110 millones.
Ahora esos recursos serán utilizados para una obra ubicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida genera preocupación por el posible sesgo centralista de la decisión, ya que otras regiones del país también necesitan inversiones para ampliar sus redes de transporte y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.
En otras palabras, recursos generados por las exportaciones de energía terminan siendo concentrados en una de las regiones de mayor consumo del país, mientras provincias alejadas del centro del sistema continúan reclamando obras estratégicas.
EL ESTADO TERMINA RESPALDANDO EL PROYECTO
Tampoco está claro todavía bajo qué condiciones se entregarán los US$110 millones ni si el eventual concesionario deberá devolver esos recursos una vez finalizada la obra.
La situación vuelve a poner en discusión el modelo energético impulsado por la administración de Milei.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que el Estado debe retirarse del financiamiento de infraestructura y que el mercado debe ocupar ese lugar, la realidad muestra que, cuando el financiamiento privado no aparece, el propio Estado termina aportando recursos, otorgando garantías y buscando mecanismos para sostener proyectos estratégicos.
El caso de AMBA I se suma así a una serie de decisiones que muestran las dificultades de la gestión nacional para trasladar al sector privado el financiamiento de obras de infraestructura consideradas indispensables para el funcionamiento del sistema eléctrico.
La pregunta que queda planteada es por qué los recursos generados por el sector energético deben utilizarse para sostener una obra que el Gobierno había prometido que sería financiada exclusivamente por privados y, al mismo tiempo, qué ocurre con las necesidades de infraestructura eléctrica del resto del país.
