La venta de la participación estatal en el sistema de transporte eléctrico avanza como una de las decisiones más relevantes del esquema de privatizaciones energéticas, pero con una consecuencia directa que impacta en todo el sistema: el costo final de la operación recae sobre los usuarios.
El Ministerio de Economía adjudicó el concurso público para la venta de la participación que ENARSA tenía en Citelec, controlante de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país.
La operación quedó en manos del consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia, que ofreció u$s356,1 millones sin IVA, la cifra más alta del proceso licitatorio.
En la compulsa quedaron por detrás Central Puerto con u$s301 millones y Edenor con u$s230 millones, en una disputa por un activo estratégico del sistema energético nacional.
La adjudicación fue oficializada mediante la resolución 673/2026 y forma parte del esquema de privatización de ENARSA, habilitado por la Ley 27.742 y el decreto 286/2025.
El punto central del debate no está únicamente en el monto de la operación, sino en la naturaleza del servicio involucrado. La transmisión de energía eléctrica constituye un monopolio natural: no existe competencia posible en la red de alta tensión, lo que implica que los costos del sistema no se determinan por el mercado, sino por la regulación.
En ese marco, el traspaso de control de Transener al sector privado se traduce en una consecuencia directa sobre la estructura tarifaria. El costo de la operación, junto con la rentabilidad esperada del nuevo esquema de gestión, termina integrándose al sistema de precios regulados.
Por eso, el impacto de esta privatización no se limita al valor de la venta ni a la entrada de capitales, sino que se traslada a largo plazo al costo que pagan todos los usuarios del país, tanto residenciales como industriales.
La medida también involucra activos vinculados como TRANSBA, reforzando la importancia estratégica del sistema de transmisión dentro de la infraestructura energética nacional.
Con la firma del contrato prevista en 15 días hábiles, se consolida una nueva etapa en el proceso de desinversión estatal, con un efecto que ya genera debate sobre quién asume finalmente el costo estructural de la reconfiguración del sistema eléctrico argentino.
