La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) reclamó a la Secretaría de Energía de la Nación la implementación de una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas y muy cálidas, especialmente para las provincias del Norte Grande, donde las altas temperaturas generan un mayor consumo energético durante los meses de verano.
Desde el organismo señalaron que el reconocimiento de este beneficio no debería quedar condicionado a acuerdos políticos ni depender exclusivamente de una resolución administrativa. En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar hacia una Ley de Tarifas Diferenciadas para el Norte Grande Argentino, sustentada en criterios técnicos, objetivos y de zonificación bioambiental.
El planteo también fue respaldado por las Defensorías del Pueblo del norte argentino, que sostienen desde hace años la necesidad de contemplar las particularidades climáticas de la región y el impacto que tienen las temperaturas extremas sobre el consumo residencial de electricidad.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, cuestionó además que la eventual implementación de una tarifa diferenciada para las zonas cálidas pueda quedar vinculada a una reducción del Régimen de Subsidio del Gas Natural para Zona Fría.
En ese sentido, ADPRA remarcó que los beneficios destinados a las zonas frías y los que corresponden a las zonas cálidas responden a realidades bioclimáticas diferentes, pero igualmente legítimas, por lo que el reconocimiento de un derecho no debería significar el recorte de otro.
El organismo sostuvo que cualquier modificación de los regímenes vigentes debe ser debatida y aprobada por el Congreso Nacional, con una evaluación previa del impacto que tendrá sobre los usuarios y con resguardo de los beneficios actualmente vigentes.
PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO DE LAS TARIFAS
Las Defensorías también alertaron sobre el fuerte incremento registrado en el costo de los servicios públicos durante los últimos años y su impacto sobre los ingresos de las familias.
Según los datos incorporados al reclamo, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la canasta de servicios públicos de las principales ciudades del país acumuló un aumento del 966%, mientras que el nivel general de precios avanzó un 241% en el mismo período. En el caso del gas, el incremento señalado alcanzó el 2.185%.
ADPRA advirtió que el peso de las tarifas sobre los ingresos familiares se volvió cada vez más significativo, particularmente entre los hogares de menores recursos y en las provincias del Norte, donde las condiciones climáticas demandan un mayor uso de energía para refrigeración.
Frente a este escenario, las Defensorías del Pueblo de todo el país reclamaron que la política energética contemple las diferencias regionales y garantice un esquema estable que permita a las familias afrontar el costo de los servicios esenciales.
Gialluca sostuvo que, por su impacto social, una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas y muy cálidas debe constituirse como una política de Estado, con respaldo legal y criterios técnicos, y no quedar sujeta a decisiones administrativas o coyunturas políticas.
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